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ETA, la semana próxima, hoy, CPE.

Os invito a buscar la siete (¿?) diferencias.

El modelo social se revelaintocable al Gobierno francés

Salva Martínez Más. PARÍS.- Antes de que el primer ministro francés, Dominique de Villepin, aprobara gracias al sistema del decreto-ley la “ley por la igualdad de oportunidades” que contiene el Contrato Primer Empleo (CPE), los ciudadanos franceses estaban mayoritariamente de acuerdo con esa medida.
La opinión francesa cambió antes de que la ley entrase en vigor. A primeros de marzo el Instituto de Estudios de opinión CSA publicaba un sondeo en el periódico de la capital, Le Parisien, según el cual el 68 por ciento de los franceses se oponen al CPE. Un hecho que pone de manifiesto que, desde la aprobación de la ley en febrero, el estado de opinión en el Hexágono no ha hecho más que empeorar para los intereses del primer ministro francés. Su CPE, “su” porque De Villepin se ha presentado como el principal garante del texto, es entendido por los 12 sindicatos de estudiantes y trabajadores opuestos al nuevo contrato como un intento de romper con el modelo social francés. Lejos de suponer una revolución liberal del mercado laboral, el CPE y su predecesor que vio la luz en agosto, el Contrato Nuevo Empleo (CNE), que se aplica a toda persona en edad de trabajar, implican una mera flexibilización del mercado de trabajo. Prueba de que el binomio CNE-CPE no supone una gran reforma laboral sino sendos pasos hacia la misma es que la patronal francesa, El Movimiento de las Empresas de Francia (MEDEF), declaraba el lunes pasado en boca de su presidenta, Laurence Parisot, que, a pesar de la existencia de los nuevos contratos, la MEDEF todavía “espera tener un gran debate sobre la reforma del mercado laboral”. En cualquier caso, la oposición a la flexibilización laboral es manifiestamente mayoritaria y cataliza muchos más fenómenos que el mero rechazo a una reforma del modelo social francés. Además, a la oposición del bloque sindical que forman estudiantes y trabajadores que harán huelga este martes, se suma a la lista de problemas del Gobierno uno nuevo que tiene mucho de déjà vu: la violencia juvenil desatada hace dos sábados en la plaza de Nation y que asoló coches y comercios en el barrio de los Invalides el jueves pasado. Sin quererlo, la gestión política que ha hecho De Villepin del CPE ha desplazado al centro de París las batallas del pasado otoño entre los jóvenes de las afueras de la capital y los policías antidisturbios. “Nos tratan como mierda en los suburbios. Ahora vamos a enseñarles cómo se siente uno”, decía uno de los jóvenes que participó el pasado jueves de los violentos disturbios que se produjeron en el distrito número 7 de París. Flexibilización del mercado laboral, primero, reforma de éste, después, oposición de los actores sociales a ambas cosas, violencia producto de la exclusión social de miles de jóvenes franceses. A De Villepin se le acumula el trabajo antes de las elecciones presidenciales de 2007.

CPE-CNE: los contratos inaceptables del Gobierno francés

La “batalla por el empleo” que dice librar el ejecutivo francés se desarrolla sin negociación alguna con las organizaciones sindicales, ya sean de estudiantes o de trabajadores. Ello explica, en parte, la radicalización de las protestas que desde el pasado mes de febrero exigen la abrogación de “la ley por la igualdad de oportunidades” que establece el Contrato Primer Empleo (CPE).
El primer ministro francés, Dominique de Villepin, parece haber olvidado el antiliberalismo económico que predomina en las conciencias francesas. Stéphane Rozès, director del Instituto de Estudios de Opinión CSA asegura que Francia es un “país ideológicamente antiliberal”.
Sin embargo, la campaña gubernamental puesta en marcha por de Villepin para luchar contra el paro, la denominada “batalla por el empleo”, pretende una flexibilización laboral que es entendida mayoritariamente en Francia como una nociva “liberalización” del mercado laboral. Producto de esta campaña en la que Dominique de Villepin se ha implicado especialmente es el Contrato Primer Empleo (CPE), una nueva forma de contratación que busca fomentar la creación de empleo poniendo a los jóvenes contratados menores de 26 años de rodillas ante los contratantes. Tanto es así que, gracias al CPE, el patrón tiene hasta dos años de “etapa de prueba” en la que el contrato puede romperse sin que nadie declare motivo alguno ni sea necesario presentar preaviso de despido.
Según dicen en Matignon, la residencia del primer ministro francés, el CPE es “la nueva etapa de la batalla por el empelo”. Pero el Gobierno no ha comenzado esta nueva fase con buen pie. Los sondeos de opinión realizados por el instituto que dirige Stéphane Rozès señalaban, días antes de la manifestación que reunió a un millón y medio de personas contra el CPE el pasado 18 de marzo, que el 68 por ciento de los franceses son favorables a la retirada del nuevo contrato diseñado por el ejecutivo que dirige de Villepin.
Yves de Kerdrel, el cronista económico del diario de la derecha francesa Le Figaro, reconocía que el CPE ha servido de “catalizador de las angustias colectivas”. No es para menos, de Villepin ha puesto en marcha una reforma del mercado laboral basada en una mayor flexibilidad olvidando que “en Francia la idea según la cual un poco más de inseguridad en el empleo podría traer como consecuencia una mayor creación del mismo, es simplemente inaceptable”, según Thimothy B. Smith, historiador canadiense de la Queen’s University autor del libro aparecido a principios de 2006, “La France Injuste: pourquoi le modèle français ne fonctionne plus” (Ed. Autrement, 2006).
La inseguridad y la precariedad laboral no sólo se identifican con el tan contestado en los pasados dos meses CPE. En Agosto apareció en la legislación laboral francesa el Contrato Nuevo Empleo, el CNE. Se trata de una iniciativa legal concebida como una herramienta más para la creación de empleo que desde hace siete meses establece dos años de “periodo de prueba” en los que el contratado puede ser despedido de un día para otro sin que el patrón alegue razón alguna. El CPE es, por tanto, casi una réplica del CNE diferenciada esencialmente por la población a la que se dirige, a saber, los jóvenes que tienen entre 18 y 26 años. Por su parte, el CNE está destinado a toda persona mayor de 18 años.
Según, Gérard Duménil, economista del CNRS - el equivalente al CSIC en España- , tanto el CNE como el CPE pretenden combatir el paro “facilitando las condiciones del despido”. Duménil asegura que la lógica puesta en marcha por el actual Gobierno a la hora de hacer frente al paro masivo que acusa la economía francesa es la que sigue: “si es fácil despedir, la empresas no temerán contratar”. Lo que en palabras de Régine Gallé, del sindicato francés SUD-PTT, quiere decir que esos contratos “ponen la vida de los trabajadores en manos de sus patronos”. El binomio CNE-CPE despierta animadversión por su contenido “ultraliberal”, según mantiene Denis Sieffert, director de Politis, una publicación semanal cuya portada en la penúltima semana de marzo interpretaba las manifestaciones contra el CPE como “el rechazo del modelo antisocial” que propone de Villepin. Sin embargo, la movilización actual que tiene por objetivo la retirada del CPE olvida, casi por completo, exigir la retirada del CNE, la nueva modalidad de contratación que de Villepin ofrece a las empresas no sólo para contratar a jóvenes, sino a todos los ciudadanos de la quinta economía del planeta.

El Gobierno francés ancla en la protesta a los sindicatos de estudiantes y trabajadores

Tras las manifestaciones mantenidas a lo largo casi dos meses de protestas, la movilización contra la política de empleo del primer ministro francés, Dominique de Villepin, continúa. El objetivo común de estudiantes y trabajadores es la derogación del Contrato Primer Empleo (CPE).

Desde hace poco más de dos semanas los sindicatos franceses se han unido al pulso que los estudiantes mantienen con el ejecutivo francés. Así, el pasado día 18 ambos colectivos pusieron en la calle en toda Francia a un número de personas estimado en medio millón, según la policía, y un millón y medio según los manifestantes. Lejos de haber alcanzado un momento de máxima movilización, los estudiantes de universidades e institutos se movilizarán esta semana junto a sindicatos de trabajadores.

Este martes habrá “una jornada de acción interprofesional con paros laborales, huelga y manifestación”, según se lee en la declaración común acordada por la confederación sindical que une a universitarios, alumnos de institutos y trabajadores. “Queremos que el Gobierno responda a la cuestión que le planteamos, la retirada del CPE”, decía tras hacerse pública la declaración común intersindical, Gaby Bonnand, el secretario nacional de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), uno de los sindicatos mayoritarios en el Hexágono. De la docena de sindicatos que suscriben el documento por el cual las asociaciones sindicales se reafirman en su militancia contra el CPE, son las asociaciones de estudiantes universitarios las que han marcado hasta el momento la pauta de las protestas contra esa categoría de contrato contenido en la “ley por la igualdad de oportunidades”, aprobada por el sistema de decreto-ley a principios de febrero.
El CPE es para el Gobierno de Dominique de Villepin un arma clave en la “batalla por el empleo” que libra el ejecutivo francés para acabar con el paro y la difícil inserción laboral de los jóvenes franceses. Según un reciente informe realizado en Matignon, la residencia del primer ministro francés, “en Francia hacen falta entre 8 y 11 años para que un joven encuentre un trabajo estable, mientras que en nuestros países vecinos son necesarios entre 4 y 5 años”.
Más grave es el dato que señala la tasa de paro joven en Francia. Tanto es así que el desempleo alcanza al 23 por ciento de los franceses que tienen entre 14 y 24 años, el doble de la media de paro que presenta la economía francesa. Para Yves de Kerdel, cronista del diario conservador Le Figaro, “el verdadero problema concierne a los jóvenes que no tienen ninguna calificación”, pues entre ellos el paro afecta hasta en un 40 por ciento. “Es para luchar contra esta forma de precariedad que se ha instituido el CPE”, explica de Kerdel.
En la Unión Nacional de los Estudiantes de Francia (UNEF) que preside Bruno Julliard ( ver perfil, abajo ), uno de los sindicatos de estudiantes movilizados que más ha destacado en las protestas contra la ley que establece el CPE, entienden que dicho texto es un “insulto a la juventud”. Lo que resulta más polémico para la UNEF, sindicato de tendencia socialdemócrata, y al resto actores sindicales estudiantiles contrarios al CPE, entre los que cabe destacar, la también socialdemócrata Unión Nacional de Enseñanza Secundaria, la moderada Confederación Estudiante o los anarquistas de SUD; es que, con el nuevo contrato propuesto por el primer ministro, el contratante puede despedir al contratado cuando quiera y sin alegar razón alguna siempre que el contratado tenga menos de 26 años y se encuentre en los primeros dos años de su contratación. Esta es una de la serie de disposiciones que contiene el CPE y que presenta como objetivo animar la contratación.
Sin embargo, en el fondo, lo que más radicaliza a la UNEF y al resto de la lista de sindicatos movilizados contra la mitigada reforma laboral que supone esta iniciativa de Dominique de Villepin es que, gracias al CPE, los estudiantes constatan algo que afirmaba hace unos días François Dubet, director de estudios de la Alta Escuela en Ciencias Sociales (EHESS): “en la distribución social de oportunidades, riquezas y privilegios, Francia ha tratado a los jóvenes como una variable de reajuste económico desde hace treinta años”. La UNEF añade que si el actual primer ministro trata a la juventud como si fuera una variable económica más, es porque en Matignon creen que la juventud es “dócil y barata”.
Nada está más lejos de la realidad. Las manifestaciones que reúnen de una a dos veces por semana a decenas e incluso a centenares de miles de manifestantes en todo el país desde que tuviera lugar la primera jornada de manifestación el pasado 7 de febrero, sumado a las huelgas y los bloqueos que afectan a una cantidad de universidades que oscila entre 45, si se cree al Ministerio de la Educación Nacional, o 67, si se cree a la UNEF; evidencian que los universitarios y, desde hace dos semanas, también los estudiantes de institutos y trabajadores, no van dejar de manifestar su desacuerdo con un CPE que juzgan de “texto que precariza del empleo”.
“Nuestra revuelta no pretende obtener más, sino mantener lo que tenemos”, declaraba recientemente Nadjet Boubakeur, estudiante de historia que, con 26 años, está al frente de la UNEF junto a Bruno Julliard. De sus palabras se extrae que, efectivamente, por mucho que recuerden al revolucionario mayo del 68, la ocupación de la prestigiosa Universidad de la Sorbona ocurrida hace dos semanas y los enfrentamientos de todo este mes de marzo entre manifestantes y policías antidisturbios en el barrio latino, el marzo de 2006 manifiesta, ante todo, que lo que no quieren los estudiantes es aceptar cambios que signifiquen una mayor flexibilidad del mercado laboral.
Como observador de la realidad francesa y autor del libro aparecido a principios de 2006, “La France Injuste: pourquoi le modèle français ne fonctionne plus” (Ed. Autrement, 2006), el canadiense Thimothy B. Smith considera que en Francia, “la idea según la cual un poco más de inseguridad en el empleo podría traer como consecuencia una mayor creación del mismo, es simplemente inaceptable”. Según este profesor de la universidad canadiense de Queen’s, quienes se oponen al CPE “lo consideran una medida concebida para crear empleo que amenaza el modelo social, persuadidos de que un modelo que tolera niveles elevados de pobreza y paro [como el actual, ndlr] es siempre socia l”.
Esta idea, que Smith identifica en los jóvenes anti-CPE y en los no tan jóvenes hombres y mujeres que en Francia se dedican a la política, es a los ojos del canadiense una “falacia” producto de la falta en la política económica del Hexágono de “un(a) dirigente centrista capaz de hacer las paces con el capitalismo y la globalización, al tiempo que defienda los mejores componentes del Estado providencial”. Elie Cohen, analista del Consejo Económico del primer ministro francés, se refería la semana pasada a cuanto evoca Thimothy B. Smith sobre del CPE: “en Francia estamos en un punto en bien conocido, en el que la reforma se ha convertido en el símbolo de la reforma en sí misma”.
De manera que lo que empezó siendo un movimiento estudiantil contra un nuevo contrato con el objetivo de paliar los efectos del paro sobre los jóvenes menos favorecidos se ha convertido en una inmejorable ocasión para interrogar la identidad de la economía francesa y la marcada presencia en ella del Estado francés. Este cuestionamiento durará cuanto se alargue la crisis del CPE. Sin embargo, esta crisis no parece hasta la fecha encontrar el camino de la negociación entre actores sociales y ejecutivo. Dominique de Villepin mostraba aplomo cuando el martes pasado aseguraba a los parlamentarios de su grupo político, el UMP, que no pretendía “retirar, suspender o desnaturalizar” el texto que instaura el CPE. A la fijación del primer ministro francés en sacar adelante su proyecto, Bruno Julliard respondía: “está claro que el Gobierno ha decidido elegir el empeoramiento de la situación. El ejecutivo quiere echar un pulso, pues bien, aceptamos el desafío, veremos quien gana”.
La magnitud de las movilizaciones que vehiculan las exigencia de retirar el CPE de sindicatos de estudiantes y los sindicatos de trabajadores ha obligado a reconocer al ejecutivo que, tal vez, se puedan registrar cambios todavía en lo que respecta a los polémicos puntos del periodo de prueba y a los motivos del despido. Un hecho que, aunque está lejos de significar la abrogación de la ley, da esperanzas en el seno de la UNEF. Victor Vidilles, de 23 años, estudiante en ciencias económicas y miembro del buró nacional de esta organización sindical asegura que han sido las manifestaciones del 16 y, sobre todo, la del 18 de marzo las que “han obligado a de Villepin a hablar de posibles arreglos en el CPE”. “Si las manifestaciones continúan, podremos obtener la retirada del texto”, dice.
PERFIL:
Bruno Julliard, anti-CPE con pasado socialista En Julio de 2005, Bruno Julliard, comenzó a compartir dos responsabilidades como universitario. A sus quehaceres como alumno de derecho en la Universidad de Lyon-II, Julliard comenzó a hacerse cargo en el verano de 2005 de las responsabilidades que entraña ser líder sindical tras ser elegido presidente de la Unión Nacional de los Estudiantes de Francia, la UNEF. Bruno Julliard, con 25 años, está a la cabeza de un sindicato “fuerte” en relación al resto de organizaciones sindicales de estudiantes francesas. Si de los más de 2,3 millones de universitarios franceses, la UNEF sólo cuenta con 26.000 estudiantes afiliados, con Bruno Julliard al mando, el sindicato ha sabido poner en marcha todos los mecanismos al alcance de su organización para crear lo que la prensa francesa ya denomina movimiento “anti-CPE”. Julliard no sólo ha jugado un papel central a la hora de federar estudiantes universitarios y de institutos con los sindicatos de trabajadores. Además él ha estado en el centro de la atención mediática. A falta de un claro representante para los “anti-CPE”, los medios de comunicación franceses han recurrido a su fluido discurso en cada ocasión que ha sido - y es - necesario poner “una voz” y “una cara” representativa de de los estudiantes que se manifiestan contra el Contrato Primer Empleo de Villepin.Julliard es tendente al “consenso ideológico” dentro de un sindicato que ya de por sí está orientado hacia el “centro-izquierda”, dicen en la UNEF. El comienzo en el liderazgo no ha sido fácil para Bruno Julliard. De hecho, se ha visto en alguna que otra dificultad nada más ser elegido presidente de la organización sindical pues ha estado cerca de sobrepasar el límite del “apartidismo”, una condición esencial para la UNEF. Fue en 1946 cuando la UNEF se refundó como consecuencia de la adopción de la Carta de Grenoble y se adoptó en el sindicato el principio que elimina todo vínculo con otras asociaciones políticas. A Julliard la pertenencia a los partidos políticos le viene de familia. Su madre es Arlette Arnaud-Landau, la alcaldesa socialista de Puy-en-Velay, su padrastro es comunista hijo de un resistente al que, dicen, “le cuesta olvidar el mito de la U.R.R.S”. El propio Julliard ha sido adherente del partido socialista hasta poco antes de imponerse como presidente de la UNEF. Dejar el PSF fue una decisión necesaria, que, al mismo tiempo no impide reconocer el género de izquierda por el que Julliard se decide. Para él, la verdadera izquierda es “la izquierda del no [a la Constitución Europea de 29 mayo pasado. Ndlr] la izquierda del pueblo, la de los pobres”, asegura.