Las víctimas deben quedarse fuera de la negociación

El “alto el fuego permanente” anunciado recientemente por la banda terrorista ETA ha puesto de manifiesto la existencia de un debate sobre cuál debe ser el papel de las víctimas, ante un posible diálogo entre el Gobierno español y la izquierda abertzale. Parece claro que las conversaciones de paz deben iniciarse, cuando llegue el momento, evitando cualquier obstáculo o freno a las negociaciones.

Las víctimas de ETA merecen todo el respeto en su condición de víctimas del terrorismo y, si fuera posible, una disculpa o petición de perdón por parte de la banda por todo el dolor causado.

Sin embargo, deben quedarse fuera de un proceso esencialmente político y que, por tanto, corresponde ser dirigido por políticos. El Gobierno tiene la obligación de pensar en ellas de cara a las negociaciones, pero es evidente que tendrá que hacer concesiones (como el acercamiento de presos al País Vasco, un derecho humano que se está incumpliendo) que, en algunos casos, pueden ofender a los afectados o familiares de afectados por la violencia de ETA.

Es muy distinto respetar o tener en cuenta a alguien en las decisiones políticas —de hecho, toda decisión política debe incluir cierto interés social— que darle voz en un proceso en el que nada tiene que decir.

Desgraciadamente, en todo conflicto hay agresores y agredidos. Las víctimas del franquismo y la ultraderecha tuvieron que aprender a perdonar, o sencillamente resignarse ante un perdón que nunca llegó, una vez que se consolidó la democracia. Pero ahora es el momento, si efectivamente se confirma el cese de la violencia en Euskadi, de ser generosos con un bien mayor: el bien común.

Es exigible que ETA pida perdón y deseable que las víctimas lo acepten. Tanto si llega ese perdón como si no, en ningún caso sería comprensible que éstas intentaran frenar un proceso necesario para todos.Resulta absurdo esforzarse por recalcar que el papel de las víctimas en las mesas de diálogo es meramente simbólico, puesto que se trata de algo obvio.

Sin embargo, la politización de las asociaciones que agrupan a los afectados por la lacra del terrorismo convierte en un acto de responsabilidad, por parte del Gobierno, la exclusión de las víctimas —pero no el olvido— de un proceso que debe avanzar hacia la paz.